El Gobierno y medios afines protegen a Mossack Fonseca

Mossack Fonseca law firm sign is pictured in Panama City, April 4, 2016. REUTERS/Carlos Jasso - RTSDJVG

Las autoridades panameñas podrían estar ocultando nombres de familias influyentes, funcionarios de alto perfil, empresarios poderosos o directivos de medios afines al Gobierno, tras el allanamiento tardío a la sede de la firma Mossack Fonseca & Co.

Hace unos días, José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), denunció que la recién creada Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada se llevó información de 100 ordenadores del bufete, cuando en realidad solo tenía acceso a datos de 16 sociedades.

Álvarez calificó el hecho como una grave “violación al secreto profesional que tienen los abogados”.

Ese mismo día, el directivo del CNA se reunió con la procuradora Kenia Porcell y con el fiscal Javier Caraballo en la sede del Ministerio Público (MP).

Según Álvarez, Porcell le comunicó que, en efecto, recopilaron toda la información que existía en los ordenadores de Mossack Fonseca.

El argumento para dicha acción, narró la fuente, se basa en que las autoridades “aducen razones técnicas de custodia de toda la información que está dentro de la firma…”.

De igual forma, se conoció que, en aquella cita, Porcell le aclaró a Álvarez que lo que se obtenga de los discos duros de estas computadoras no se hará público.

No obstante, tras el anuncio del inicio de una investigación de este escándalo global por parte de los Estados Unidos, conocedores en denuncias federales explicaron que el poder político panameño quiere, literalmente, “achurrar” todo lo que tenga que ver con los Panamá Papers.

Así lo percibe el abogado Sídney Sittón, quien argumenta que el Ministerio Público tiene la intención de viciar el curso de esta investigación.

“Lo que pretenden es enterrar todas y cada una de las evidencias que reposan dentro de esa firma de abogados; pareciera que el allanamiento se hizo a destiempo con la intención de darles oportunidad a los directivos del bufete para desaparecer todo lo que quisieran”, reveló Sittón.

En cuanto al aspecto legal y de credibilidad, la imagen de la firma, del país, del Gobierno y del propio Ramón Fonseca Mora, directivo de dicho bufete, resultará aún más deteriorada ahora que se abrió una causa en Estados Unidos, opinó el exprocurador Rogelio Cruz.

“Claro que una investigación que realice la justicia estadounidense causará perjuicio a quien esté involucrado con todo y que al final salga librado de posibles cargos”.

Otro aspecto al que se ha hecho referencia es por qué los medios panameños que participaron en la investigación internacional sobre este affaire no han proporcionado más detalles, tomando en cuenta que poseen en sus manos más de 11 millones de documentos relacionados.

Para el excandidato presidencial Juan Jované, la explicación “tiene que ver con el interés político y económico de aquellos medios versus la relación con el actual gobierno”.

Por último, Jované mencionó que la imagen del sistema de justicia y financiero panameño “anda como un papel que se lleva el viento…”.

Fiscal encargado de la investigación puso de rodillas a todo Wall Street

La justicia estadounidense designó a Preet Bharara como fiscal de la causa para escudriñar sobre los Panamá Papers. Este fiscal, considerado uno de los más tenaces en los tribunales de EE.UU., solicitó ayer poder hablar con cualquier miembro del Consorcio Internacional de Periodistas para conocer más detalles de los documentos.

Su trayectoria ha sido alabada por el propio Barak Obama, que le dio el cargo en agosto de 2009.

Bharara es considerado un hombre con mucha tenacidad. Ha enviado agentes de investigación a más de 25 países con el fin de recolectar información sobre terrorismo, narcotráfico o lavado de dinero. Uno de sus mayores logros ha sido procesar a casi 100 ejecutivos de Wall Street. También ha metido a la cárcel a diplomáticos de su país y desnudado negocios y actos de corrupción de políticos municipales y estatales. Su actual cargo es fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York.

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