CNA defiende la ‘confidencialidad del cliente’

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La recién creada Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Javier Caraballo, allanó las oficinas de la firma Mossack Fonseca tomando como base las publicaciones efectuadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

La Fiscalía especializada, inició la investigación penal de oficio por el supuesto delito contra el orden económico bajo la modalidad de blanqueo de capitales. Con este supuesto, el fiscal Javier Caraballo intervino las oficinas de los abogados en busca de información para corroborar las denuncias publicadas en medios de comunicación de todo el mundo. Según señala el documento que lo autorizó, el procedimiento tenía el propósito de ‘obtener y/o copiar toda la documentación física o electrónica que guardara relación con los hechos investigados y que establecen la posible utilización de la firma para encubrir o promover las actividades delictivas’.

Para el Colegio Nacional de Abogados (CNA), la actuación es previa infracción de un derecho fundamental y defienden que aún cuando en el caso se hayan encontrado evidencias que vinculan a determinada persona, al haber sido denunciadas previa infracción de un derecho, no pueden ser lícitas. El CNA sostiene que las pruebas, si las hubiera, proceden de un ‘árbol prohibido’ por loq ue el fiscal no podría sustentar sus argumentos incriminatorios ante un juez.

El presidente de los abogados José Alberto Álvarez, acompañado del vicepresidente Juan Carlos Araúz y Herbert Young (representante del Colegio ante la Comisión de Alto Nivel para la Defensa de los Intereses de Panamá) manifestó que la ‘firma está obligada a proporcionar información de las sociedades que están establecidas en el documento, pero la fiscalía no puede ir a ‘pescar’ a ver qué encuentra en las computadoras. ‘Hemos acreditado que hubo una orden de allanamiento que no es específica. La explicación que estamos esperando escuchar es, por qué recopilaron toda la información de la firma si solo se enlistaban 16 empresas’, cuestionaron los juristas.

La firma indicó, que ‘durante el allanamiento, la Fiscalía copió información del servidor de exchange (correos electrónicos), data, e información personal de los socios directores del bufete que no guardan relación con las sociedades objeto de la investigación’.

Por otra parte, Mossack Fonseca indicó a este diario que la diligencia de inspección ocular realizada por la Fiscalía Superior Especializada Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, que lleva a delante una denuncia interpueta por ellos mismos, determinó que la filtración de los documentos de la que han sido víctimas ‘responde a un ingreso indebido a la información privada de los clientes de la firma por terceras personas ajenas a la empresa, lo que comunmente se conoce como hackeo’.

El documento que lo detemina, dicen, lleva la firma de Ricaurte González, fiscal del caso.

El dato contrasta con los escenarios descritos por especialstas en seguridad cibernétic a, quienes apuntan que para haber recopilado los 11.5 millones de documentos sustraídos, el servidor infiltrado tuvo que haber estado conectado 126 días, las 24 horas continuas, tiempo que probablemente habría dado márgen de reacción a la firma.

Otra consideración a tener en cuenta es que de señalarse que la filtración pudo salir de la propia firma, el hecho acarrearía demandas por negligencia y otras faltas por sumas incalculables.

El CNA añadió que existe mucha preocupación entre clientes locales y extranjeros ante la posibilidad de que se repita una situación similar con otros bufetes.

El gremio planetó también su preocupación frente al cumplimiento del secreto y confidencialidad que mantienen los juristas con sus clientes como parte del derecho y respeto a la intimidad, derecho que se comprometió a respetar la propia procuradora, Kenia Porcell.

‘Salvo contadísimas ocasiones, no estamos obligados a revelar el secreto profesional. Todos podemos ser investigados, pero hay reglas distintas cuando se trata de abogado-cliente, y esas reglas implican que el Ministerio Público debe ser cauteloso’, recordó Álvarez.

El presidente añadió que con la legislación actual, si bien obliga a tomar nota de la información de los clientes y así lo hacen, es practicamente imposible controlar lo que cada intermediario hace con las sociedades anónimas.

La relación abogado-cliente está protegida por el secreto profesional que se enmarca en los convenios internacionales firmados por el país y jurisprudencia nacional.

En el manifiesto del CNA se solicita a la Asamblea Nacional legislar sobre el aumento de penas de cárcel en materia de violación a la intimidad.

Los abogados panameños anunciaron que van a compartir la situación que atraviesan con otros gremios internacionales en busca de su solidaridad.

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